Gratuidad y autonomía de las instituciones de educación superior
La propuesta del gobierno para implementar un sistema de gratuidad en la educación superior chilena teniendo como base un subsidio a la oferta, esto es aportando los recursos fiscales a las instituciones que califiquen y no privilegiando -como sucedía hasta ahora – el financiamiento a la demanda a través de becas y créditos dirigidos a los potenciales estudiantes, plantea un cambio de paradigma fundamental al sistema.
Mucho se ha debatido los últimos meses acerca de materias que tienen que ver principalmente con la operatoria de implementación del nuevo sistema de gratuidad: que instituciones debieran participar, los mecanismos de selección, cálculo y monto de los aranceles de referencia y otras sobre las que aún existe incertidumbre. Sin embargo, no parece haberse abordado con suficiente detenimiento y profundidad un aspecto esencial que está en juego con la reforma: la autonomía de las instituciones para decidir acerca de su proyecto institucional y los mecanismos de gobierno y gestión interna, disponiendo libremente y sin condicionamientos arbitrarios de los recursos financieros necesarios para estos fines.
Con el sistema propuesto, las instituciones de educación superior deberán -de una manera u otra- negociar periódicamente con la administración estatal de turno las condiciones para recibir los aportes financieros. Estos aportes, particularmente para las instituciones del sistema de educación superior técnico profesional, representarán parte importante de su presupuesto anual. Por lo tanto, la dependencia de estas instituciones de quien provee los recursos será muy alta.
El ministerio de educación ha señalado que no estaría en juego esta autonomía. “No es parte ni de la gratuidad de 2016 ni de la reforma ir a ver qué se hizo con el dinero en las instituciones” declaró recientemente el jefe de educación superior a CIPER. Sin embargo, al mismo tiempo y a modo de ejemplo, ya se ha planteado por parte del estado fijar condiciones relacionadas con la participación estudiantil en el gobierno de las instituciones, lo que iría en la dirección contraria.
Por lo tanto resulta legítimo preguntarse: ¿Qué garantías habría de que futuras administraciones resguarden este principio de autonomía sin caer en la tentación de pretender “intervenir un poco más” o “regular mejor” a las instituciones ya cautivas y dependientes de los aportes estatales?
El país, en un pasado no tan lejano, ya ha transitado el camino en el cual las decisiones importantes se acordaban en los pasillos de reparticiones gubernamentales, haciendo uso de prácticas de lobby con funcionarios públicos que muchas veces respondían a intereses partidistas e ideológicos más que al interés general.
De acuerdo con lo anterior, sigue apareciendo como un mejor camino –y así lo ha planteado Vertebral reiteradamente- avanzar en la gratuidad mediante el aumento de becas a los estudiantes y fortaleciendo paralelamente el rol de la comisión nacional de acreditación, en su propósito de asegurar estándares de calidad en las instituciones de educación superior.
Mario Merino, Director de Vertebral Chile, Rector de IEB.
