El país está en deuda con la educación técnico – profesional

No debiera sorprender la positiva valoración que la ciudadanía está otorgando a la gratuidad como atributo central de la reforma educacional. El fenómeno no difiere sustancialmente del sentimiento colectivo que otorgó cierta plausibilidad a las protestas estudiantiles del 2011. Ello fue tempranamente percibido por la agrupación hoy gobernante y acertadamente sintetizado en la promesa de gratuidad; “La reforma educacional tiene una cuestión de fondo que le hace sentido a las personas”, ha comentado el Ministro del Interior.

Ocurre que la estructura del mercado del trabajo incorpora, desde antiguo, un premio significativo en el nivel de escolaridad. Si hasta los 80 el factor diferenciador en la estructura salarial se asociaba a la conclusión exitosa de la Educación Media, la universalización de este nivel, producto del régimen de subvenciones que aseguró la virtual gratuidad de la enseñanza obligatoria, trasladó el factor de diferenciación al nivel superior. Para que el hijo de un trabajador con IV Medio pueda aspirar a un nivel de vida equivalente al de sus padres, ya no le basta con terminar el Liceo. Hoy requiere ingresar –y terminar- la Educación Superior (ES). Pero los costos del arancel de una universidad o instituto no están previstos en la economía familiar. La tensión que provoca este dilema en muchas familias chilenas es potente.

La incorporación del Crédito con Aval del Estado (CAE) hacia el 2006 ofreció una primera vía de solución. La expansión de la ES, especialmente en la modalidad Técnico Profesional (TP), a partir de ese año, resulta elocuente. El CAE y algunas becas parciales destrabaron el nudo que restringía el acceso a la educación terciaria, reservado únicamente a las universidades del CRUCH, o a quien pudiera pagar. Pero el CAE incubaba un pecado de origen: su provisión se entregó a la Banca. A poco andar, la deuda acumulada de los “beneficiarios” del CAE presentaba una amenaza tanto o más potente que el dilema del acceso. El problema estalló el 2011 y persiste hasta nuestros días. Los ajustes incorporados con posterioridad, con una tasa subvencionada y pago contingente al ingreso llegaron tarde. Así, no exenta de improvisaciones y contradicciones en su gestación, la gratuidad se asoma hoy como la promesa que resuelve la paradoja de la movilidad social, favoreciendo este año a 160.000 alumnos, que cumplen con ciertos requisitos. Pero también excluirá a muchos otros igualmente vulnerables y que cumplen con las mismas exigencias. El grueso de estos estudiantes pertenece a la modalidad Técnico Profesional (TP), el grupo más postergado de la educación en Chile.

Las condiciones de acceso a la gratuidad previstas en la glosa de la Ley de Presupuesto establecieron una pésima señal. Siendo arbitrariamente discriminatorias, al decir del propio Tribunal Constitucional, dejaron a 250.000 estudiantes de la ESTP fuera del beneficio, sustituido por una beca tímidamente ampliada, que cubre apenas una proporción del Arancel de Referencia. En contraste, el sector excluido se trata, nada menos, que de aquella modalidad educativa especializada en la habilitación para el trabajo. Según la OCDE, está previsto que casi dos tercios del crecimiento general del empleo en la Unión Europea se encuentre en la categoría de “técnicos y profesionales asociados”, en tanto que una reciente previsión realizada en los Estados Unidos señala que en 2018 cerca de un tercio de las vacantes de empleo exigirán alguna titulación postsecundaria inferior a los 4 años. En nuestro país la SOFOFA ha estimado en 600.000 el déficit de técnicos que requiera la industria.

La promesa de gratuidad que hoy merece un repunte en la aprobación ciudadana del Gobierno, requiere de criterios generales y equitativos para su acceso, bajo riesgo de provocar una desafección social mayor, por una promesa incumplida. La oportunidad para demostrarlo se presentará en el proceso de discusión legislativa para la anunciada reforma a la ES. Allí, la ESTP debe ser tomada en cuenta con la seriedad que merece, reconociendo su particularidad, sus métodos y valorando efectivamente su innegable contribución social. El Estado tiene una deuda histórica con el sector TP y es momento de comenzar a saldarla.

Cristóbal Silva Labbé, Rector de Instituto Profesional Esucomex, Director de Vertebral.

Publicada en Ediciones Especiales de El Mercurio.

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