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COLUMNA DE JUAN PABLO GUZMÁN: REFORMA Y EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO-PROFESIONAL

Por Juan Pablo Guzmán
Presidente de Vertebral
Rector de CFT e IP Santo Tomás

Durante el mes de marzo, el Ejecutivo dio a conocer la forma como espera continuar con la tramitación del proyecto de educación superior. Recogiendo particularmente las inquietudes formuladas por el mundo universitario, la autoridad ha manifestado que el proyecto será dividido en dos: uno exclusivamente para las universidades estatales, y el otro, en una versión reducida del proyecto de ley original, dejando algunos temas para reglamentos o normativas posteriores.

Este énfasis quedó también de manifiesto el pasado 31 de marzo, cuando la ministra de Educación y el ministro de la Secretaría General de Gobierno se reunieron con representantes del CRUCh y del G9, quienes posteriormente manifestaron que sienten que han sido escuchados y que están optimistas frente a las indicaciones al proyecto que esperan ingresar durante este mes.

El mismo día, la mesa directiva del Consejo de Rectores de la Educación Superior Técnico-Profesional, Vertebral, fue recibida por el jefe de la reforma. Lamentablemente, a diferencia de lo que sucedió en las reuniones con los planteles del CRUCh, no nos entregaron noticias auspiciosas para nuestro sector.

En numerosas oportunidades hemos hecho hincapié en que el proyecto de reforma original solo realiza una declaración de intenciones de conformar un subsistema técnico-profesional, pero más allá de estos propósitos, es muy débil en cuanto a tomar medidas concretas que hagan efectiva esta declaración. Por mencionar solo algunas, están la necesidad de proyectar un sistema de acreditación con una composición e instancias de decisión que reconozcan de forma efectiva las particularidades del sector técnico-profesional; el ordenamiento del sistema de títulos y grados, que actualmente desincentiva la elección de las carreras de nuestro sector; el trato tributario igualitario entre universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro; el diseño de un sistema de financiamiento que no discrimine entre alumnos de acuerdo a las instituciones que eligen, siendo todas acreditadas por el mismo Estado, y la entrega de certificaciones contra resultados de aprendizaje, y no con número de horas o clases que los alumnos pasan en salas, obstaculizando la educación teórico-práctica, las modalidades semipresenciales u online características de nuestro sector. Ninguno de estos puntos ha sido incorporado en el proyecto.

Por otra parte, vemos con preocupación que, alejándose de la opción de fomentar una vinculación activa de las instituciones de educación con el sector productivo, el proyecto insiste en la propuesta de un sistema en el cual el ministerio cumple un rol activo en la definición de la oferta educativa, fijando aspectos como cupos por programa y aranceles, elementos que comprometen la necesaria autonomía de las instituciones y su capacidad para responder de forma innovadora y oportuna a las cambiantes necesidades del sector productivo.

La institucionalidad y legislación vigentes y el proyecto de reforma en tramitación no reconocen el profundo cambio estructural que ha sufrido la educación superior en Chile, donde más de la mitad de los estudiantes hoy prefieren ingresar a la educación superior técnico-profesional (ESTP). Destacar solo el rol de algunas universidades en las indicaciones del proyecto de reforma lo convierte en un proyecto universitario, y no en uno integral de la educación superior en Chile.

Si bien tanto en la forma como en el fondo no conocemos oficialmente el proyecto y sus contenidos, esperamos que este Gobierno, más allá de la declaración de intenciones, considere una buena reforma para el sector técnico-profesional y, con ello, para el futuro de nuestro país.

Fuente: Diario El Mercurio
Link: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-04-09&PaginaId=2&BodyID=1

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