Columna de Opinión | «Objeciones a un Sistema Único de Admisión»
El Proyecto de Ley de Educación Superior contempla el establecimiento de un Sistema Único de Admisión que incluya las instituciones del sector técnico profesional. Hay razones para sostener que no parece una buena idea.
Todo sistema de admisión centralizado lo es, también, de selección. Y esta, cualquiera sea el instrumento y criterio que emplee, importa una discriminación: unos serán admitidos, y otros, excluidos.
Esta discriminación para el sector universitario se justifica en la necesidad de predecir el éxito académico. Un sistema universitario de excelencia, que congregue los mejores talentos, beneficia a la sociedad entera y comunica sus frutos aún a quienes resulten excluidos en el sistema de admisión.
Pero, claro, en la medida que exista, en paralelo, una plataforma institucional que acoja a estos últimos. Y no solo a ellos, sino también a tantos otros que por edad, compromisos familiares o laborales, o simple opción vocacional, no participen en el proceso de selección. Las instituciones de educación superior técnico-profesional cumplen, precisamente, con ese rol. Procuran orientar las capacidades e intereses hacia opciones laborales sintonizadas con la industria; desplegar los talentos menos manifiestos; fortalecer la autoconfianza; remediar carencias y adecuar las oportunidades de formación a las restricciones familiares y laborales que impiden una dedicación al estudio de tiempo completo.
El Sistema Único de Admisión propuesto importaría retroceder 40 años. A una época en que la Prueba de Aptitud Académica era requisito universal de acceso a la educación superior. Para los no admitidos, sin embargo, existían para entonces unas cuantas iniciativas de educación no formal que otorgaban alguna calificación para el trabajo. Inacap, el Duoc y la Enac de Caritas, al igual que otras academias, surgieron con ese propósito. El establecimiento de los actuales institutos profesionales y centros de formación técnica obedeció, precisamente, a la necesidad de otorgar reconocimiento oficial a estas entidades informales.
Pero hoy, incluir en un Sistema Único de Admisión a los institutos profesionales y centros de formación técnica dejará fuera de la educación formal habilitante para el trabajo a un importante grupo de jóvenes, trabajadores y mujeres jefas de hogar.
El caso de Finlandia, tan citado, nos muestra un sistema de instituciones de altísima calidad, que selecciona uno de cada tres postulantes, donde los no admitidos deben ingresar a universidades (pagadas) de Estonia. ¿Nuestros postulantes no seleccionados deberán resignarse a estudiar en Argentina o Perú? ¿En academias informales? ¿En programas de suplencia del Ministerio del Trabajo? No parece razonable, cuando toda la evidencia indica que la educación terciaria es determinante en la movilidad social y que, en distinto grado, todos los instrumentos de selección, sea que se basen en pruebas estandarizadas, en ranking o notas, no hacen sino reproducir las diferencias de la cuna, discriminando en definitiva por capital cultural. Es comprensible que los recursos no alcancen para financiar la gratuidad. Pero el déficit no puede resolverse, una vez más, a costa de los menos favorecidos.
Cristóbal Silva
Rector de Esucomex
Director de Vertebral
Fuente: Diario El Mercurio
