Declaraciones Públicas | Julio 2015

• Declaraciones Públicas

Nuestras asociaciones, la Corporación de Universidades Privadas (CUP), el Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS) y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (VERTEBRAL), representan a más de 600.000 estudiantes: sobre el 50% de los alumnos de educación superior. Además, este porcentaje incluye a dos de cada tres jóvenes vulnerables que siguen estudios superiores en Chile.

Nuestro trabajo se sustenta en principios comunes: autonomía, diversidad, calidad, libertad de enseñanza, derecho a la educación y pluralidad de proyectos educativos, teniendo como objetivo principal, la formación de nuestros alumnos. Creemos que las personas son los titulares de derechos, por lo que toda decisión gubernamental debiera tener como sujetos de esos derechos a los estudiantes, antes que a las instituciones que los acogen.

Hemos contribuido a un cambio sustantivo en nuestra sociedad, permitiendo la transición de una educación superior elitista a una más democrática e inclusiva, que ha abierto oportunidades a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Gracias al desarrollo de un sistema educacional público-privado, se ha llegado a una cobertura bruta del 55%, con lo cual hemos pasado de 249 mil estudiantes de educación superior, en 1990, a más de 1 millón 200 mil, en la actualidad. Este aporte ha generado una movilidad social impensable hace apenas treinta años. Los indicadores de liderazgo que Chile ostenta en América Latina han sido posibles gracias a un trabajo conjunto entre el Estado y todos los actores educacionales, públicos y privados.

En este período, incorporamos infraestructura, innovaciones, gestión y proyectos educativos en distintas áreas, con una preocupación preferente por la calidad, la inclusión y la mejora continua. También hemos contribuido a la descentralización del país, ampliando las oportunidades de estudio en regiones y localidades apartadas, aportando no solo a la equidad, sino también reduciendo la emigración hacia la capital. La realidad de la educación superior privada está lejos de la imagen distorsionada que algunos actores interesados han pretendido construir, a través de críticas injustas e inmerecidas, que ofenden a nuestras comunidades educativas y a los miles de profesionales que hemos titulado y a sus familias.

Una Reforma a la Educación Superior requiere de un proceso amplio de reflexión. En ese espíritu y frente al documento de trabajo difundido por el Ministerio de Educación, queremos plantear los siguientes puntos:

1. Consideramos imprescindible garantizar la continuidad del sistema educacional de provisión mixta que históricamente ha existido en Chile.
2. Dada la alta incertidumbre que los diversos anuncios han generado en el sistema, solicitamos conocer a la brevedad el proyecto de ley de reforma a la educación superior, incluyendo los recursos involucrados y su cronograma de implementación.
3. Estimamos necesario iniciar el debate país de manera integral, y no de forma fragmentaria y como se ha venido realizando a la fecha. El sorpresivo anuncio sobre la puesta en marcha parcial de la gratuidad el año 2016 hace aún más urgente el debate, pues se está legislando sobre el financiamiento, sin que se haya discutido el contenido de la reforma y la modalidad en que se transitará hacia el nuevo sistema educacional. Rechazamos que la política de financiamiento esté restringida a una glosa de la Ley de Presupuesto, con el riesgo de que una medida transitoria se transforme en permanente, sin la debida deliberación y análisis. Proponemos el establecimiento de una mesa de diálogo técnico, en la que los diferentes actores del sistema educacional tengan la oportunidad de analizar objetivamente las propuestas gubernamentales, en forma previa al debate político que conlleva el proceso legislativo.
4. El Ministerio de Educación debe presentar una justificación técnica de cada una de las condiciones que se proyecta exigir a las instituciones de educación superior para adscribir al “sistema de compromisos públicos”, de manera que sus respectivas comunidades educativas puedan evaluar los efectos de tales compromisos sobre el sistema en su conjunto y sobre la autonomía de las instituciones.
5. En esa misma línea, sostenemos que cualquier política que llegue a implementarse por vía presupuestaria debe estar centrada en los estudiantes, sin discriminaciones arbitrarias y priorizando a aquellos provenientes de las familias con menos recursos. Con la propuesta del Ministerio de Educación, la gratuidad cubrirá al 100% de los alumnos vulnerables del CRUCH, frente a un 18% de los estudiantes vulnerables de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, y a ningún estudiante de las Universidades Privadas fuera del CRUCH. Esta discriminación carece de todo sustento racional y objetivo. Por eso, ante la evidente restricción presupuestaria, pensamos que sería más justo distribuir equitativamente los recursos entre todos los estudiantes que compartan una misma condición socioeconómica. Si se insiste en el inicio discriminatorio del proceso de gratuidad, analizaremos la constitucionalidad de esta normativa.
6. Creemos que ante la cercanía del periodo de matrícula 2016, se debe reforzar, tanto en cobertura como en monto, el plan de becas y créditos para los cientos de miles de estudiantes que han quedado excluidos del anuncio gubernamental.

Confiamos en que los estudiantes de nuestras instituciones no serán olvidados ni discriminados por la política pública. Por su diversidad y número, representan el cambio social que nos puede transformar en un país más justo y desarrollado.