Ante la aprobación de la glosa de gratuidad de la Ley de Presupuestos 2016 por parte de la Comisión Mixta, el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, Vertebral, desea señalar lo siguiente:
Valoramos el esfuerzo desplegado por aquellos parlamentarios que han dado especial apoyo para visibilizar al sector técnico profesional en el marco del debate sobre gratuidad. Sin embargo, lamentamos que los resultados plasmados en la glosa no contribuyan a generar las condiciones de igualdad y equidad que merece nuestro sector. Ayer la Comisión Mixta de Presupuesto ha votado una muy mala política pública, que genera más exclusión cuando prometió inclusión.
Mantenemos nuestra convicción de que adelantar el beneficio de la gratuidad a través de una glosa presupuestaria constituye un error, ya que debió ser parte de un debate amplio y transversal de la Reforma a la Educación Superior. Priorizar medidas de financiamiento sin antes iniciar un debate profundo sobre los objetivos de largo plazo de la educación superior, poniendo a la calidad como elemento central, es algo que le está haciendo un daño al sistema de educación superior, y no porque el gobierno asigne un presupuesto adicional a la educación técnico profesional, vamos a cambiar de opinión respecto a los efectos negativos e irreversibles para el país.
La glosa, como fue aprobada, establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del CRUCH y de algunas universidades privadas, a quienes se les financiará la totalidad de sus estudios de educación superior, lo que implica un millón de pesos adicionales anuales en promedio, versus los alumnos vulnerables de la educación técnico profesional, a quienes se les otorga un incremento en las becas de 100 mil pesos anuales, lo que acentúa la inequidad entre estudiantes de un mismo nivel socioeconómico. Ello representa una inaceptable transgresión al más básico principio de igualdad ante la ley, establecido en la Constitución.
Junto con lo anterior, se establece una serie de condiciones para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, nuevamente de manera improvisada y sin sustento legal ni técnico, imponiendo la firma de un convenio con el Ministerio de Educación cuyo contenido y plazos de ejecución son desconocidos y que podría afectar la autonomía, e incluso perder la certificación de calidad con que hoy cuentan todas nuestras instituciones y que significaron esfuerzos de muchos años para conseguirla.
Las condiciones que están imponiendo a las instituciones para que los alumnos accedan al incremento de la Beca Nuevo Milenio reflejan el absoluto desconocimiento por parte del gobierno del funcionamiento de la educación superior técnico profesional y la nula intención que se tiene para que nuestras instituciones ingresen a la gratuidad en los próximos años, aparentemente por una falta de recursos que no se vislumbró al realizar esta promesa de campaña.
Hemos sido testigos de una negociación entre cuatro paredes donde discrecionalmente se privilegia a determinados sectores de la educación universitaria. Ejemplo de ello, es que se elimina la regulación del crecimiento de la matrícula a las universidades del CRUCH con lo cual se dan señales para que exista una masiva migración desde la educación técnica a la educación universitaria, generando desequilibrios en contra de la tendencia de los últimos años y de las necesidades que tiene el país para su desarrollo productivo.
Bajo el esquema contenido en el texto de la Ley de Presupuesto aprobada por la comisión mixta, los alumnos de la educación superior técnico profesional, que no entran a la gratuidad, difícilmente podrán beneficiarse con el incremento de la Beca Nueva Milenio. No parece legítimo condicionar el acceso de los alumnos a una beca relativamente mejorada, sometiendo a las instituciones en que estudian a una transformación radical, en términos aún no definidos, que pueden afectar gravemente su calidad, su autonomía y las oportunidades de desarrollo, afectando con ello a sus propios alumnos.