En entrevista con El Mercurio, rectores representantes de nuestra institución señalaron que la iniciativa está en primer trámite constitucional a sólo un mes de que se presente el proyecto de Ley de Presupuestos, que definiría qué requisitos deberán cumplir para adscribir a la gratuidad, y acusan exigencias inviables.
Reforma a educación superior «declara intenciones», pero «ignora al sector»
El proyecto de reforma a la educación superior dedica muchas palabras a nuestro sector, pero en su trasfondo lo ignora. En términos muy generales, la regulación propuesta traspasa al Estado la definición de una serie de aspectos clave, como admisión, oferta académica, estándares y aranceles, lo que en la práctica llevará a rigidizar a los IP y CFT de manera dramática «, dice Juan Pablo Guzmán.
Gonzalo Vargas agrega que «el Gobierno no declara objetivos en esta reforma. Declara intenciones. Dice que se quiere mejorar la inclusión y la calidad. Pero, ¿qué significa? ¿Vamos a tener a más estudiantes de los deciles de menores ingresos accediendo a la educación superior de calidad? Tú le haces esa pregunta a la autoridad y la autoridad no te responde «.
«Este proyecto fija los aranceles, las vacantes y se mete en la autonomía de las instituciones «, continúa Fernando Martínez, quien lamenta que, tras dos años de discusión con el Mineduc, no se hayan considerado los planteamientos del sector.
Además, Ricardo Paredes dice que el nuevo sistema de acreditación es eminentemente punitivo. Y critica «el paso de la actual institucionalidad de calidad a una institución que pierde la autonomía y pasa a ser una repartición pública».Claro que destaca que se plantee un área dedicada al sector técnico-profesional dentro de la subsecretaría así como una acreditación obligatoria, advirtiendo que aún no se entra en contenidos profundos.
A lo que Vargas comenta: «Respecto de la acreditación, ¿qué mecanismos propone? Acreditaciones de ocho años con ranking A, B o C. ¿Cómo eso ayuda a mejorar la calidad? Los que estén en letra C van a tener menos aranceles por ocho años y, además, les congelan la matrícula. ¿Cómo entonces van a poder pasar a letra B? Y los de letra A tienen aranceles más altos y sí pueden abrir sedes. El nuevo sistema de acreditación les genera una ventaja estructural a los que ya están establecidos”.
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