Señor Director:
La reciente aprobación por la Cámara de Diputados de la idea de legislar sobre el proyecto de Reforma a la Educación Superior ha generado una profunda decepción en el mundo de la educación técnico-profesional, ya que no se hace cargo de una visión de futuro de este importante segmento y no resuelve un problema de base para la igualdad de trato entre los distintos actores: la discriminación -a nuestro juicio, inconstitucional- en el tratamiento tributario de que gozan algunas instituciones, exentas de impuestos, frente a otras, como los institutos profesionales y centros de formación técnica, que carecen de este beneficio.
Nadie se opone a modernizar y mejorar nuestra educación superior, pero habría sido esperable un proyecto de ley bien pensado que evitara y prohibiera la discriminación tributaria, particularmente cuando esta afecta a las instituciones en las que estudian los alumnos de condición socioeconómica más desfavorable.
Necesitamos una ley de educación moderna para los próximos 20 años, y no para resolver una coyuntura política inmediata.
El proyecto elude también otra realidad crucial: la mayor parte de los alumnos de la educación superior estudia en instituciones privadas; solo el 26% de ellos se forma en instituciones pertenecientes al CRUCh. Por su parte, los centros de formación técnica e institutos profesionales concentran el 45% de la matrícula actual. El proyecto, sin embargo, se concentra en reglas básicamente destinadas a la educación universitaria, y solo aborda superficialmente la educación técnico-profesional, creando un «Consejo Asesor» que «dictará una estrategia». ¿Puede alguien hablar de igualdad de oportunidades e inclusión si las instituciones en las que estudian los más débiles de la sociedad son recargadas con impuestos que no pagan las universidades en las que estudian segmentos de mayores ingresos?
Se requiere reestudiar esta materia y corregir, durante la tramitación de la ley, esta inaceptable discriminación.
Jorge Narbona
Director de Vertebral
Rector de IPCHILE
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