Editorial de El Mercurio | Daños a la educación técnico-profesional
- Es interesante observar que desde que comenzara la política de gratuidad, ha caído la matrícula en institutos profesionales, mientras la universitaria ha crecido.
Quizás el único consenso que ha generado el proyecto de reforma a la educación superior sea la insuficiencia con la que se aborda la educación técnico-profesional. No hay buenas perspectivas en el proyecto para las instituciones que están haciendo un trabajo valioso en este ámbito. En gran medida, porque hay una gran incomprensión de cómo funciona este sector. Si se piensa que la educación superior técnico-profesional reúne a casi un 40% de la matrícula y que poco más de una de cada dos personas que es admitida en educación terciaria elige este subsector, es incomprensible la falta de rigor del proyecto de educación superior. Es razonable, entonces, el reclamo que hace Vertebral, organización que agrupa a instituciones de la educación superior técnico-profesional, respecto de la poca consideración que el proyecto de reforma muestra hacia su sector.
El proyecto de ley contempla, entre otros aspectos, un sistema de admisión único que desconoce que el proceso de ingreso a estos centros se realiza por tiempos prolongados y no en un solo momento, como ocurre típicamente en el sector universitario. La experiencia comparada es decidora, incluso en países que tienen una educación superior técnico-profesional bien desarrollada. Insistir en este camino puede significar una matrícula y, por tanto, una cobertura mucho más pequeñas. La única ventaja teórica del sistema único de admisión es que permite controlar las vacantes, con un objetivo fiscal, pero es curioso que por servir a este propósito se ponga en riesgo el acceso a esta educación de estudiantes que, en general, son más vulnerables. Es entendible que el Gobierno quiera tener un control sobre los gastos que significa la gratuidad, pero el equilibrio que ha definido es muy inconveniente.
Desde luego, una política de gratuidad tiene un sesgo contra la educación superior técnico-profesional, que viene del hecho de que al tener un joven dos opciones a costo cero, puede preferir la alternativa de cursar estudios en una universidad, anticipando que los retornos privados de esta decisión son superiores a los de cursar una carrera técnica. Pero el joven que antes iba a un buen instituto profesional o centro de formación técnica quedará seguramente matriculado en una universidad poco selectiva y no es evidente que esta última institución esté mejor preparada para proveer las competencias y destrezas que la primera de ellas. En este sentido, el sesgo en favor de la educación universitaria puede ser contraproducente económicamente para la persona que toma estas decisiones, que son consecuencia de las señales que instala una política de gratuidad.
En este sentido, es interesante observar que desde que comenzara la política de gratuidad, ha caído la matrícula en institutos profesionales, mientras la universitaria ha crecido. Pueden estar, entonces, produciéndose efectos no anticipados que, en el margen, estén perjudicando la formación de diversos jóvenes. Los rectores de los institutos profesionales han advertido sobre este fenómeno, que se puede acelerar si sus estudiantes no obtienen beneficios equivalentes. Muchas instituciones técnico-profesionales no han accedido a gratuidad, porque ello les exige transformarse en instituciones sin fines de lucro, instalándose una incertidumbre respecto de las inversiones que han realizado para desarrollar su actividad. Es curioso que un cambio en la política de financiamiento estudiantil termine perjudicando a estudiantes que tuvieron una oportunidad de cursar estudios superiores gracias a las inversiones antes señaladas.
Al mismo tiempo, es curioso que el proyecto de ley no reconozca las heterogeneidades de un sistema masivo de educación superior como el nuestro y le exija a la educación superior técnico-profesional que se acredite en la dimensión de «generación del conocimiento, creación y/o innovación». Es dudoso que esta exigencia sea válida incluso para las universidades, pero en ningún caso lo es para institutos profesionales o centros de formación técnica. Ello eleva innecesariamente los costos de proveer educación superior y distrae recursos que pueden emplearse para investigación en instituciones más complejas.
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