Se toman una simbólica foto caminado juntos en una calle de Santiago.
Los rectores del referente Vertebral, que reúne a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados, afirman que los estudiantes de sus instituciones no salen a las calles a marchar, porque un gran porcentaje de ellos estudia y trabaja.
Por lo tanto, afirman, no han podido ser visibilizados, pese a que, a nivel nacional, los alumnos de la educación técnica superan el medio millón de alumnos.
«El Mercurio» conversó con un grupo de rectores de Vertebral, encabezados por Juan Pablo Guzmán -presidente del referente- y máxima autoridad del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Junto a él participaron del debate Gonzalo Vargas, rector de Inacap; Cristóbal Silva, rector de Esucomex; Fernando Martínez, rector de AIEP; Jorge Menéndez, rector de ENAC, y Rodrigo Cerón, rector de ECAS, Escuela de Contadores Auditores de Santiago.
Uno de sus principales focos de preocupación es que la reforma de educación superior que se debate en el Parlamento estaría dejando, en opinión de los rectores, al sector técnico profesional en segundo plano y discriminando a sus estudiantes.
Juan Pablo Guzmán advierte que han ido a mostrar su posición al Ministerio de Educación y al Congreso, pero «parece que lo único que resulta es tratar de gritar más fuerte». Y grafican que en la comisión de Educación les dieron apenas ocho minutos para hacer sus planteamientos.
Las instituciones de Vertebral están en 30 ciudades y comprenden una matrícula de más de 400 mil estudiantes. Así es que los rectores afirman que están preparando encuentros con sus estudiantes para alzar la voz en torno a un nuevo sistema que, creen, pretende igualar a todas las instituciones mediante un paradigma universitario.
Uno de los puntos que critican es que respecto de la gratuidad, se está discriminando a sus estudiantes, pues los beneficios están mayoritariamente enfocados en las universidades.
También plantean reparos en torno al sistema único de acceso que se pretende implementar, lo que, a su juicio, va en contra de la lógica de postulación que tienen los CFT e IP, ya que deben mantener abiertos sus procesos de admisión incluso durante seis meses, ya que muchos de sus alumnos provienen del mundo laboral.
Finalmente, llaman a que los candidatos presidenciales le den la prioridad que requiere a la educación técnico profesional en sus propuestas y que se evite un exceso de control que pueda conspirar contra la flexibilidad y dinamismo que requiere el sector.
En Vertebral critican que el proyecto de reforma a la educación superior tiene claras falencias respecto del entendimiento que debe existir sobre la educación técnico-profesional.
«Se quiere estructurar la educación superior bajo las lógicas de la formación universitaria. La rigidización de aranceles y programas responde a una estructura educacional relacionada con la formación universitaria. La formación técnico-profesional requiere dinamismo, flexibilidad e innovación», dice Juan Pablo Guzmán.
A lo que Gonzalo Vargas agrega que «un foco importante en este análisis es partir por la pregunta que nadie ha respondido: ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? El proyecto modifica el sistema que existe hoy, pero no se explicita qué es lo que se persigue. Por ejemplo, uno podría pensar que se quiere aumentar el acceso, que más estudiantes, sobre todo los de niveles socioeconómicos más bajos, puedan acceder, pero al mismo tiempo se está planteando un sistema único de acceso con el objetivo de limitar el crecimiento, entonces aumentar el acceso no parece ser un objetivo».
«Se modifica la Agencia de Calidad, pero solo para aumentar los controles. En ninguna parte hay un concepto de calidad, de pertinencia, de desarrollo territorial o regional. Es un proyecto que busca modificar el sistema, pero sin tener una estrategia nacional de desarrollo de la educación técnica», dice Vargas.
Cristóbal Silva plantea que «el proyecto está técnicamente mal concebido. Confunde las funciones de fomento y mejoramiento con las funciones de control y fiscalización. E impone un solo modelo de instituciones de educación superior. En el resto del mundo, la diversidad de instituciones es la clave. Aquí se restringe el potencial de desarrollo de los proyectos institucionales».
Mientras que Fernando Martínez lamenta que «no está en la agenda del Gobierno la educación superior técnico-profesional como hito importante desde el punto de vista político».
«Hay un sistema de educación superior que ha cambiado en los últimos 30 años y la discusión política no se ha hecho cargo de eso», dice Jorge Menéndez. Al respecto, agrega que «los patrones de elección de las familias se han ido adaptando a una educación técnica que es mucho más eficiente y efectiva».
Ante la pregunta, ¿cómo evalúan que el nuevo sistema de gratuidad ha afectado a los estudiantes de CFT e IP?, coinciden en que existe una «discriminación arbitraria» con sus alumnos.
«Este sector representa hoy a más de medio millón de estudiantes. Y la asignación de recursos no llega al 20% en gratuidad», dice Fernando Martínez. Plantea que con los recursos que se le entregan a un estudiante universitario se podrían financiar hasta a 9 estudiantes de carreras técnicas.
«En términos de acceso -continúa Martínez- hay discriminación muy grande con nuestros estudiantes. Porque la relación que busca el Estado durante este gobierno es una relación con la institución. Se rompe el rol histórico que ha existido entre el estudiante, el mérito y la institución. Se está dejando fuera la posibilidad del estudiante de decidir dónde ejercer su derecho a gratuidad».
Los rectores señalan que prácticamente la mitad de sus estudiantes trabajan y estudian: «Se les castiga por querer mejorar su calidad de vida a través de la educación al no ser parte de los primeros cinco quintiles. Se les castiga el ingreso que produce su trabajo para financiar los estudios y no se les permite acceder a la gratuidad».
Para Rodrigo Cerón «el tema del lucro o no lucro no está asociado a la calidad de las instituciones». Y enfatiza que la empleabilidad de los estudiantes de la educación técnica es incluso mejor que la de otras instituciones.
Juan Pablo Guzmán plantea que muchos de los estudiantes del sector son vulnerables y no pueden prescindir de los beneficios estudiantiles. En ese punto, plantea que la transformación que deben realizar las instituciones privadas de la educación técnica a entidades sin fines de lucro para acceder a la gratuidad es un proceso que aún no está claro y recuerda «los dolores de cabeza» que ha generado a los colegios particulares subvencionados la transformación a entidades sin fines de lucro.
Uno de los aspectos más criticados por los rectores de la educación técnica es el sistema único de acceso propuesto en la reforma a la educación superior.
Para Juan Pablo Guzmán, «la incorporación de un proceso de selección a nivel nacional y de todo el sistema responde a un paradigma universitario» que no se hace cargo de las diferencias entre distintos sistemas de la educación superior.
A lo que Gonzalo Vargas agrega que «se afecta la autonomía de las instituciones porque se establece un sistema único de acceso con el objetivo de limitar las vacantes. Además, se obliga a establecer ciertas funciones que hoy son optativas (como la innovación, la vinculación con el medio o la generación de conocimiento). Se establece esa obligatoriedad para acceder a la acreditación», con lo que, afirman, los recursos no serán suficientes y se afectarán otros aspectos como la docencia.
Para Fernando Martínez, «el sistema común de acceso a la educación superior -que propone la reforma- es nefasto para la educación técnico-profesional. Nuestros procesos de admisión duran hasta seis meses. En esta reforma el sistema obliga a una lógica del recién egresado del colegio que da su PSU. Esa realidad está ajena a nuestros alumnos que estudian y trabajan».
En torno a la medida del Ejecutivo de crear centros de formación técnica estatales, las reacciones de los rectores son diversas. «Eso va a permitir que la gente pueda comparar lo que hace el Estado versus lo que hacemos nosotros», dice Fernando Martínez. «No están acreditados, no tienen autonomía y les están dando la gratuidad de forma automática por derecho divino», critica.
«Hay un problema en la génesis -dice Jorge Menéndez-. Se han creado al alero de las universidades públicas. Y la historia demuestra que ese tipo de modelo termina finalmente fagocitando al tema técnico».
La Comisión Nacional de Productividad, encabezada por el economista Joseph Ramos, señaló la semana pasada que la educación técnica «no satisface las necesidades actuales ni futuras del país».
Ante esa afirmación, Gonzalo Vargas dice que ha participado de distintas instancias de esa comisión y que existe una diferencia respecto de la formación técnica que se da en la educación media y la que corresponde a estudios superiores».
«La Comisión Nacional de Productividad está en lo correcto cuando plantea que Chile tiene un tremendo desafío en el desarrollo de capacidades laborales de nuestra población, pero hay que tener cuidado con las concepciones que se usan. Por ejemplo, la realidad de la educación media técnica. En ese caso, el Ministerio de Educación les fija el currículum y los recursos. El problema de calidad o pertinencia de esa educación técnica pasa por la conducción que le ha dado históricamente el ministerio», dice Vargas.
Luego explica que «en la educación técnica de nivel superior, tenemos un grado de autonomía muy superior. Y la experiencia demuestra que entidades autónomas con buen sistema de acreditación producen una educación pertinente y de calidad. Cuando se dice que hay carreras que hoy no tienen empleabilidad, hay indicadores que demuestran que, en promedio, la rentabilidad social de las carreras técnicas es superior al de las carreras universitarias».
Y volviendo a la tramitación del proyecto de Educación Superior, Juan Pablo Guzmán señala que han ido «al Mineduc, al Congreso, hemos hecho propuestas. Y tal parece que lo único que resulta es tratar de gritar más fuerte. Teníamos muchas esperanzas en el Senado, en la comisión de Educación. Sin embargo, a diferencia de las universidades, tuvimos 8 minutos para exponer y ni siquiera pudimos completar nuestros planteamientos. Da la impresión de que nos invitaron por cumplir».
Con miras a las elecciones presidenciales, Cristóbal Silva llama a que los candidatos piensen en «abrir oportunidades, pues es una condición crítica para mejorar la productividad y el progreso de las personas». Para ello, dice, es necesario «nivelar la atención del Estado para las personas que acceden a la educación técnico-profesional respecto de las que acceden a las universidades. Un estudiante de educación técnica tiene las posibilidades de acceder al 16% de aporte del Estado en relación a los universitarios».
Jorge Menéndez pide que «el modelo de educación técnica sea reconocido abiertamente, entender que existen dos modelos de provisión distintos».
En ese sentido, Fernando Martínez afirma que ese sector puede ayudar a resolver los problemas actuales del país ya que tiene la posibilidad de «capacitar en poco tiempo, con alta pertinencia y alta calidad para hacer a las personas más productivas en el mercado».
Además, piden que el sector sea visto como un aliado y no «como el patito feo» dentro de los planteles de educación superior.
Destacan que la educación técnico-profesional tiene una gran vocación regional, ya que llega a lugares a los que las universidades no. De hecho, afirman que gran parte de su matrícula está en regiones.
Desde esa perspectiva, Rodrigo Cerón dice que la idea no es generar una pugna con las universidades, sino que darle atención al 45% de los estudiantes que pertenecen a ese sector, con reformas que fomenten la calidad y permitan la autonomía de las instituciones para generar un proyecto educacional.
«La incorporación de un proceso de selección a nivel nacional y de todo el sistema responde a un paradigma universitario», Juan Pablo Guzmán, Presidente de Vertebral.
«El proyecto modifica el sistema que existe hoy, pero no se explicita qué es lo que se persigue», Gonzalo Vargas, Rector de Inacap.
«Se está dejando fuera la posibilidad del estudiante de decidir dónde ejercer su derecho a gratuidad», Fernando Martínez, Rector de Aiep.
«Es necesario nivelar la atención del Estado para las personas que acceden a la educación técnica», Cristóbal Silva, Rector de Esucomex,
‘El tema del lucro o no lucro no está asociado a la calidad de las instituciones», Rodrigo Cerón, Rector de Ecas.
«El modelo de educación técnica debe ser reconocido, entender que existen dos modelos de provisión distintos», Jorge Mendéndez, Rector de Enac.
Fuente: El Mercurio