Mineduc crea mesa para realizar cambios al financiamiento y fiscalización de los planteles
Los pilares de trabajo, que también incluyen equidad de género, podrían introducir modificaciones legales. Rectores valoraron la instancia, pues aseguraron que durante la tramitación de la reforma no fueron escuchados.
Cuando se promulgó la reforma a la educación superior —el 29 de mayo pasado, y después de cuatro años de trabajo prelegislativo y tramitación— no hubo ningún acto oficial. Solo seis meses más tarde, los rectores de las universidades tradicionales fueron invitados a La Moneda, pero para discutir cómo ha sido la implementación de esta normativa y los problemas que se han presentado.
Tras la cita —que se extendió por casi dos horas y que contó, además, con la participación del subsecretario de Educación, del jefe de Educación Superior y del superintendente de ese nivel— la ministra Marcela Cubillos anunció que se crearía una instancia de trabajo.
«Queremos convocar a una mesa a distintos rectores, representantes de las distintas instituciones, con una agenda amplia en materia de educación superior», sostuvo.
«Cuando asumimos, dijimos que teníamos el desafío de implementar reformas que nos habían entregado zanjadas en el gobierno anterior, y las estamos implementando, pero obviamente que nos han surgido desafíos de los que tenemos que hacernos cargo con responsabilidad. Los hemos visto nosotros y los han planteado los distintos rectores», añadió.
Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores, acotó que la idea es «tener un diálogo fluido y fecundo; por lo mismo, hemos acogido de inmediato y sin reserva la invitación que nos hace la ministra para formar parte de una mesa de trabajo más amplia, que va más allá del Consejo y de nuestras instituciones».
Los pilares de trabajo
Esta instancia, que partirá en enero y se espera que a fines de mayo ya tenga sus principales conclusiones, abordará tres grandes temas: cómo compatibilizar el nuevo sistema de financiamiento con las necesidades que tienen las instituciones; cómo equilibrar la autonomía que demandan las casas de estudio con el mayor control que ejercerán la superintendencia y la subsecretaría; y cómo avanzar en una mayor equidad de género.
Según el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, es importante abordar estos puntos, pues «el proyecto de ley venía con defectos gigantescos; uno de ellos era que se arrasaba con la autonomía universitaria a través de dos mecanismos: la superintendencia, que salió con excesivos poderes y algunos bastantes ambiguos (…), y a través de la fijación de precios, que verá la Subsecretaría de Educación».
Asimismo, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, postuló que la mesa es importante, ya que «por muchas razones —y cada cual le podrá echar la culpa a quien quiera— la discusión que hubo durante el proceso de la ley fue insuficiente y no dejó a nadie muy contento».
El rector de la U. Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, lo secundó. «Durante la tramitación de la reforma hicimos ver en el Parlamento y al Gobierno varios temas que nos parecían que iban a generar problemas, o que no eran adecuados para la realidad de nuestras universidades (…) Y, sin embargo, no fuimos escuchados». Por lo mismo, valoró que «a tiempo, empecemos a debatir cómo resolver y enfrentar estas dificultades».
«Lo que permita dialogar en forma rigurosa para avanzar buscando acuerdos para mejorar, me parece muy positivo», afirmó Claudio Elórtegui, máxima autoridad de la UC de Valparaíso. Esto porque, a su juicio, «en lo que fue el proceso de generación de la reforma no se buscó acuerdos amplios».
Documento
Tal como lo habían anunciado a fines de noviembre, los rectores elaboraron y llegaron a La Moneda con propuestas y recomendaciones para mejorar el sistema de educación superior.
Una de las medidas es que haya cambios en cómo se calculan los aranceles que paga el ministerio por los alumnos que tienen gratuidad, considerando los reajustes del sector público y si la institución está en regiones.
Asimismo, piden que se evalúe de manera constante el sistema de acceso a la educación superior, y que se revisen los plazos que establece la ley para implementar los nuevos criterios de acreditación, que partirían en 2020.
También se postula que haya cambios en el proyecto que derogaría el CAE, extendiendo, por ejemplo, el nuevo préstamo a todos los alumnos y no solo a quienes pertenecen a los nueve primeros deciles de ingreso.
REACCIONES
«En la implementación (de la reforma) han surgido desafíos de los que tenemos que hacernos cargo con responsabilidad. Los hemos visto y los han planteado distintos rectores». MARCELA CUBILLOS, Ministra de Educación.
«Las propuestas dicen relación con el sistema en su conjunto y no con determinados planteles. Agradecemos la disposición a esta conversación y creemos que tenemos una agenda en común». ALDO VALLE, Vicepresidente del CRUCh.
«Es muy importante que asumamos que por muchas razones (…) la discusión que hubo durante el proceso de la ley fue insuficiente y no dejó a nadie muy contento». ENNIO VIVALDI, Rector U. de Chile.
«Toda instancia que permita dialogar en forma rigurosa y buscando acuerdos para mejorar me parece muy positiva, porque en el proceso de la reforma no se buscaron acuerdos amplios». CLAUDIO ELÓRTEGUI, Rector PUCV.
«Está bien convocar una mesa, pero creo que lo que hay que hacer es esperar para ver las consecuencias que va a tener esta ley, que va a ser nefasta, y lo adelantamos». RUBÉN COVARRUBIAS, Rector U. Mayor.
«Tenemos una ley que se tiene que implementar, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo se harán, por ejemplo, el Sistema Único de Acceso». JORGE NARBONA, Rector IP Chile y director de Vertebral.
Fuente y fotografía: Diario El Mercurio
