Vertebral expone en Comisión de Educación del Senado su postura por implementación de nuevos plazos para acreditación institucional
23 de abril de 2019
El Presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados -Vertebral Chile- Juan Pablo Guzmán, acompañado por el Director Ejecutivo, Leopoldo Ramírez, asistieron ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado para exponer la visión de la organización sobre la Ley Miscelánea propuesta por el Ministerio de Educación y que modifica los plazos para la acreditación institucional, trámite que actualmente se encuentra en discusión parlamentaria.
La actual Ley de Educación Superior definía como fecha límite el 1 de enero de 2020 para cumplir con el diseño e implementación para la acreditación institucional, en tanto que la presente Ley Miscelánea propuesta por el Ejecutivo la extiende al 30 de septiembre del mismo año.
Al respecto, Juan Pablo Guzmán sostuvo durante su intervención que “en el caso particular del mundo técnico-profesional, luego de la discusión de la Ley de Educación Superior lo que más nos preocupó como Vertebral fue visibilizar la realidad particular del sistema. La existencia de criterios y estándares particulares para el sector es una oportunidad relevante, pero el que se realice con apuro y en presión o tensión con el sistema, era una gran amenaza. Creemos que, en ese sentido, este proyecto otorga garantías”, enfatizó.
Es importante consignar que los nuevos criterios y estándares de calidad solo serán aplicables a aquellos procesos de acreditación iniciados una vez trascurridos 24 meses desde la fecha de su publicación. A los procesos iniciados con anterioridad a dicha fecha, se le aplicarán las pautas y dimensiones de evaluación vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la citada Ley 21.091 de Educación Superior.
“24 meses es un plazo que parece razonable, ojalá hubiera sido más extensivo, pero la idea tampoco era dilatar las cosas, así que vemos esto muy bien”, complementó el presidente de Vertebral.
Sin embargo, el también Rector del IP-CFT Santo Tomás esgrimió que “como preocupaciones puedo manifestar que existen efectos colaterales de esta postergación (de los tiempos para la acreditación institucional). Sin duda los criterios de calidad definen en buena medida cuál es el esfuerzo que deben realizar las instituciones para proveer de una educación conforme a lo que el país decida. Y prefiero deja instalada la aprehensión: qué efecto puede tener esto en el proceso de definición de aranceles, que ya está partiendo con los plazos que la misma ley impone”, sentenció.
