Rectores llaman a que Superintendencia de Ed. Superior no «sobrecargue» a los planteles ni afecte su autonomía
El nuevo organismo, que ya comenzó a funcionar, tiene amplias atribuciones para fiscalizar y sancionar a las instituciones. Éstas esperan que prime la «sensatez» y no derive en una «sobrerregulación» y «mayor burocracia».
01 de julio de 2019
La Superintendencia de Educación Superior ya se encuentra en marcha, con la misión de darle más transparencia al sistema y con facultades para fiscalizar y, eventualmente, aplicar sanciones tanto a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Los rectores de esos planteles valoran que se haya creado el organismo –pues creen que dará mayores certezas y confianza al sistema, y seguridad a los estudiantes y sus familias–, pero tienen ciertas aprensiones sobre cómo procederá, en la práctica, la Superintendencia, y cómo utilizará las amplias atribuciones que le otorga la ley. Uno de los principales temores es que un control excesivo termine afectando la autonomía de las instituciones y sobrecargando a los planteles de tareas administrativas.
«Hay altas expectativas, pero también temores en cuanto a que nuestro funcionamiento interno pueda verse demasiado entorpecido por la alta carga administrativa que puede implicar el funcionamiento de la Superintendencia», advierte el rector Christian Schmitz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Cree además que «la autonomía universitaria puede verse impactada por una interpretación (de la ley) que imponga procedimientos y normas de la Superintendencia demasiado invasivas» hacia los planteles.
La misma inquietud tiene el rector Diego Durán, de la Universidad Católica del Maule: «Desde un inicio me preocupó y me preocupa la sobreexigencia hacia las universidades, así como los efectos que la ley, en su conjunto, tiene sobre la autonomía universitaria». Aclara que «no tenemos temor frente a esa fiscalización; lo que preocupa es que este tipo de regulación nos imponga una manera única de hacer universidad».
Una visión similar tiene el rector Julio Castro, de la Universidad Andrés Bello (UNAB), quien sostiene que «es importante que la fiscalización no termine en una sobrerregulación o en hacer crecer un organismo que termine siendo burocrático y afectando a las instituciones».
Piden que se coordine con otros organismos que hoy las fiscalizan
Ante esa posibilidad, los rectores plantean que es clave que exista «coordinación» entre los distintos organismos públicos a los cuales las instituciones de educación superior deben rendir cuenta: el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el Consejo Nacional de Educación (CNED), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la futura Subsecretaría de Educación Superior y –en algunos casos– la Contraloría General de la República, a las que ahora se suma la Superintendencia.
«La coordinación es un desafío que no sólo debe asumir la Superintendencia, sino el Gobierno, ya que es necesario establecer sistemas de información y utilizar las nuevas tecnologías (…) Velar por el buen funcionamiento de los planteles no puede ser a costa de la burocratización», afirma Jorge Tabilo, rector de la Universidad Católica del Norte (UCN) y presidente de la Red G9.
En este punto, el rector Álvaro Rojas, de la Universidad de Talca, advierte que «la delimitación entre las funciones y competencias de la Superintendencia y de la Contraloría General de la República no resulta del todo clara, lo que podría propiciar futuros conflictos de competencia». También hace ver que las estatales «tienen la fiscalización permanente de la Contraloría General y de la Contraloría Interna», por lo que es «deseable no tener fiscalizaciones recurrentes entre ambos organismos».
Esto no sólo preocupa a las universidades, sino también a los institutos profesionales (IP) y centro de formación técnica (CFT). Leopoldo Ramírez, director ejecutivo de Vertebral –que agrupa a 22 IP y CFT acreditados– coincide en que «aquí hay un riesgo de sobrerregulación, que no es sano para el sistema (…) porque va a asfixiar, en burocracia, a los planteles». Por eso, coincide en que «el reto para la Superintendencia es la coordinación con otros órganos del Estado».
Piden que prime la «sensatez y el sentido común»
Junto con que haya coordinación entre los organismos públicos, el rector de la UCSC afirma que también «es fundamental, para lo que viene, (conocer cuál será) el estilo de trabajo» de la Superintendencia. Su expectativa es que se genere «un equilibrio basado en sensatez y en sentido común», que haya «una fluida colaboración más que fiscalización» y que «se cree una relación de confianza entre la Superintendencia y las instituciones de educación superior».
En la misma línea, el presidente del G9 espera que «se vele por el equilibrio entre el control y el buen funcionamiento» y que el foco esté en «instalar mejores prácticas en el sistema». «Lo que nosotros quisiéramos es tener una instancia de diálogo y conversación», plantea, sobre el mismo punto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. «Hay interés en ver cómo es la puesta en marcha (de la Superintendencia), hemos tenido conocimiento de los planes de trabajo del superintendente y nos parece muy razonable (…) Vamos a estar atentos a la forma en que se implementa y en que se comunica con las instituciones», señala el rector Carlos Saavedra, de la Universidad de Concepción (UDEC).
¿Y por dónde debiera partir el trabajo de la Superintendencia?
Respecto de los temas en que debiera enfocarse la Superintendencia durante su puesta en marcha, hay distintas opiniones. Leopoldo Ramírez, de Vertebral, dice que sería importante realizar un «trabajo de socialización de las directrices que van a guiar su labor fiscalizadora» con las distintas instituciones, elaborar en conjunto «matrices de riesgo y asumir un rol preventivo». «Sería bueno saber, por ejemplo, cuál va a ser la política de fiscalización (…) para que las instituciones tengas las reglas claras», señala.
El rector Schmitz, en tanto, cree que el nuevo organismo se debiera dedicar «a la fiscalización sobre todo financiera, en cuanto al uso de recursos públicos». Mientras que el rector Durán espera que «el foco sea siempre la calidad y sustentabilidad de los proyectos».
Esto lo comparte el rector Saavedra: «La prioridad, en una primera etapa, debe estar orientada hacia las condiciones de calidad en que debe operar el sistema; garantizar que exista una formación equivalente en las instituciones de características similares, garantizando la formación en la forma en que fue ofrecida a los estudiantes».
El rector Rojas, por su parte, dice que «parece conveniente avanzar de lo más simple a lo complejo, particularmente en aquellas instituciones que no cuentan con una acreditación vigente».
En tanto, el rector Castro, de la UNAB, piensa que es «los procesos de cierre en curso y aquellas entidades vulnerables deben ser prioritarias para esta entidad, teniendo en cuenta el impacto en alumnos y familias». «Es fundamental que pueda resolver de manera eficaz situaciones que afectan a miles de estudiantes y que, lamentablemente, tienen relación con problemas financieros, operacionales de calidad, de varias instituciones», señala.
