En estos meses de pandemia, la Superintendencia de Educación Superior ha fiscalizado el cumplimiento de las clases online en las instituciones, pero también está analizando la situación financiera de los planteles que han sufrido un aumento de la morosidad y deserción del alumnado.

En el contexto de la discusión de un proyecto de ley que busca suspender el cobro de aranceles en las casas de estudio, y que está en su segundo trámite en el Senado, la superintendencia realizó un análisis financiero de todas las instituciones, basado en los balances de 2018 (los últimos disponibles), que muestra que un tercio de los planteles tenía un déficit operacional incluso antes de la crisis.

El estudio indica que el 19,2% de la matrícula de pregrado ya estudiaba el año pasado en instituciones con déficit, las que en un 60% son centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Llevado a cifras de este año, eso equivale al cerca de 220 mil jóvenes.

La situación más compleja se vivía precisamente en los centros de formación técnica, donde solo el 48% tenía un margen operacional positivo. Se indica que «la media de ingresos en estas es sustantivamente menor en comparación a los niveles registrados por las universidades», lo que da cuenta de su baja capacidad operacional.

Si bien los CFT figuran con una mayor liquidez que el resto de los planteles, esta disminuye si se excluye el financiamiento de organismos relacionados, debido a que sus transacciones no cuentan con un calendario definido de pago.

Además, las cuentas por cobrar en los IP, que corresponden principalmente al pago de aranceles, equivale al 58% de su activo circulante, lo que alcanza el 53% en las universidades privadas y 50% en los CFT. Esto quiere decir que son instituciones más dependientes del pago de los aranceles. En las universidades estatales, las cuentas por cobrar son el 33% del activo.

«En un contexto social de menor crecimiento económico y la consiguiente inestabilidad en los ingresos de parte de las familias, es posible vislumbrar un aumento en la morosidad de las cuentas por cobrar que mantienen las instituciones, lo que generaría una significativa disminución en la capacidad de pago y en la sustentabilidad financiera», advierte el organismo.

Entre las universidades estatales hay más instituciones con deudas financieras (63%), seguidas de las universidades no estatales (56%), los IP (47%) y los CFT (31%). Mientras que las universidades no estatales tienen el «leverage» más bajo (0,5x), indicador de endeudamiento que advierte que, en ese caso, el financiamiento externo es menor al financiamiento patrimonial.

El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, dice que uno de los objetivos de su institución es monitorear el estado financiero de los planteles y que, en ese trabajo, «hemos detectado un grupo de instituciones que, incluso con anterioridad a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, presentaba déficit operacional».

Añade que «frente a un escenario de menor crecimiento económico, inestabilidad en los ingresos de las familias de sus estudiantes y morosidad o postergación en el pago de los aranceles, estas podrían enfrentar problemas aún mayores», sin perjuicio de que el 80% de los estudiantes está matriculado en planteles más sólidos y acreditados.

El vicepresidente de la agrupación de planteles técnico-profesionales Vertebral, Jorge Menéndez, concuerda en que la situación financiera actual puede ser aún peor con el estallido social y la pandemia. «No hay que olvidar, además, que las instituciones técnicas estamos haciendo fuertes inversiones», añade.

A su juicio, estos planteles podrían enfrentar dos escenarios: uno es el cierre o fusión de recintos, lo que reconfiguraría a la educación superior. Otro, es que intenten sobrevivir y desarrollarse, para lo cual necesitarían mayor financiamiento.

Ernesto Treviño, investigador de la U. Católica y experto en educación superior, dice que el escenario es más complejo para algunos planteles que «mantienen aún fines de lucro y quedan fuera de políticas como la gratuidad. Además, estas son las instituciones que atienden a la población más desfavorecida, por lo que requieren de una política específica para hacerlas parte de un sistema de educación superior sin fines de lucro e interconectado».