Por Juan Pablo Guzmán, presidente de Vertebral
En una reciente columna publicada por EL DESCONCIERTO, suscrita por académicos de la Universidad de Chile, se interpela a este Consejo de Rectores por su defensa al sistema de provisión mixta educacional que ha contribuido irrefutablemente al desarrollo que ha alcanzado el país en los últimos 30 años. Aunque los autores de la columna basan sus argumentos en reflexiones de prestigiosos académicos para intentar advertir sobre las “consecuencias de un sistema de financiamiento que privilegie lo privado”, es evidente que no hay mayor argumento que el peso de la propia realidad para desestimar tal aseveración.
La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) ha más que cuadruplicado su matrícula en la última década gracias, precisamente, al invaluable aporte de instituciones privadas que han dado la posibilidad de progresión académica a miles de estudiantes –jóvenes y adultos– y sus familias, quienes a través de esta formación habilitante para el mundo del trabajo se incorporan a los más diversos sectores laborales del país, a lo largo de las regiones. En la actualidad, cada año y ya desde 2010, más del 50% de los alumnos nuevos en la educación superior optan por el mundo técnico-profesional. ¿Coincidencia? Por ningún motivo. Hay diversos argumentos que lo explican. Este 2021, más de medio millón de alumnos ingresaron a la educación superior, inclinándose por la ESTP. Si nuestro compromiso es para con ellos en primer lugar, pero también con sus familias y la sociedad en su conjunto, dado que estudian en instituciones de educación superior cuya naturaleza jurídica sea privada –es decir, no estatal–, ¿por qué privarlos de acceder a mecanismos de financiamiento para cursar sus estudios superiores?
Queremos enfatizar que ha sido precisamente el sistema de provisión mixta el que ha hecho tremendamente exitoso al sistema de educación superior chileno, admirado en otras latitudes del mundo por la apertura que representa especialmente para los sectores muchas veces menos favorecidos de la sociedad de poder ingresar a una educación superior de calidad, permitiendo cambiar las perspectivas de vida de familias completas.
Por eso confiamos que, en el fragor del debate constitucional, quede de manifiesto el rol y la importancia que supone para el desarrollo del país el derecho consagrado en la Carta Fundamental de contar con una educación superior robusta, inclusiva y diversa que no discrimine disciplinas ni proyectos educativos y que apunte, con una mirada integral, al futuro.
Fuente: Eldesconcierto.cl