Fin al CAE: Proyecto suma rivales poderosos que dificultarán tramitación
Lo complejo de la iniciativa y los sectores afectados hacen bastante improbable que sea aprobada en los meses que quedan de Gobierno.
‘Nos quieren meter un gol de media cancha, pero ya nos dimos cuenta’, dijo con sorna el rector de una universidad en un informal encuentro académico donde –inevitablemente- se comentó el proyecto estrella del Presidente Boric: el que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y, de paso, instala un nuevo sistema de financiamiento estudiantil, casi en su totalidad estatal.
Los detalles de la anunciada promesa de campaña (bandera que el Frente Amplio levanta desde que sus dirigentes eran parte del movimiento estudiantil) llegan en el último tercio del Gobierno. Abordar el CAE ya es consenso en todos los sectores, tanto para alivianar a quienes estudiaron bajo esta modalidad, como por el alto costo para el fisco dado su nivel de morosidad (US$ 11.900 millones) que se concentra en un 70% en alumnos desertores y 30% en egresados.
Pero aunque en el discurso público el Gobierno aspira a tenerlo aprobado antes de marzo de 2026 -ayer comenzó a tramitarse con urgencia en la Comisión de Educación de la Cámara-, lo más probable es que en el mejor de los casos sea bandera electoral de 2025: los rivales que gatilla el proyecto son poderosos y de amplios mundos, el tema tiene un peso ideológico fuerte respecto al concepto de autonomía universitaria -que anticipa fuertes discusiones políticas- y, sólo como referencia, el proyecto que dio vida a la gratuidad (Ley de Educación Superior) demoró casi dos años en tramitarse.
1 ESTUDIANTES: ‘La condonación debe ser mayor’
‘Este proyecto tiene un nudo muy fuerte en una parte de la izquierda y también en los estudiantes, porque finalmente no es una condonación universal como se prometió, es el traspaso de un crédito a un impuesto. La deuda con la banca es traspasada al sistema tributario que el deudor pagará a través del impuesto a la renta (…) ¿Cómo convences a un deudor CAE que hoy no paga, y no pasa nada, que pase a un sistema donde va a pagar impuesto y el fiscalizador va a ser el SII?’, pregunta el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez.
Y repara en que además, el nuevo sistema posterga que la gratuidad (hoy para el 60% de alumnos más vulnerables) avance a deciles superiores: ‘Las condiciones prometidas por la exPresidenta Bachelet para alcanzar la gratuidad al 7 decil se posponen casi indefinidamente’.
Pero los cuestionamientos de los estudiantes de la Confech, por ahora, están más focalizados en la condonación. ‘Valoramos que salga la banca del financiamiento estudiantil, pero la condonación debe ser mayor a la que se ofrece. Solo a 75 mil deudores (de 540 mil al 2023) se les condona totalmente, pero el 68% de los morosos ganan menos de $750 mil al mes. Ese para nosotros es el corte (para no pagar). El proyecto dice que quien gane menos de $500 mil al mes no paga, debe ser $750 mil, porque además la exención del impuesto a la renta es $750 mil mensual’, dice Samuel Briceño, vocero Confech. Anticipa que ‘presentaremos propuestas como movimiento estudiantil de cómo mejorar este proyecto, y recurriremos a la movilización si es necesario’.
Si bien el nuevo sistema propone pagar con menor contingencia al ingreso (8% versus 10% el CAE), y no tiene tasa de interés (2% el CAE), el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, advierte que ‘puede que algunos alumnos terminen pagando bastante más de lo que pidieron’ porque en definitiva el egresado que estudió una carrera de 5 años retribuirá un 8% de su ingreso durante 20 años. ‘Aquí, lo que se ve en simulaciones, es que a alguien le prestan 100 y podría devolver 250 si tiene ingresos altos, pagando dos o tres veces la carrera’, dice.
‘Serían muy pocos casos, habrá que verlo’, comenta Briceño.
2 UNIVERSIDADES: ‘Se va a profundizar muchísimo el déficit’
Hoy las universidades adscritas a la gratuidad pueden pedir un copago a sus alumnos pertenecientes al 40% más rico (deciles 7, 8, 9 y 10). El 60% más vulnerable tiene gratuidad, por lo que el Estado le entrega a las instituciones un aporte mensual que cubre un porcentaje de lo que éstas cobran por las carreras. La diferencia la asumen las universidades, y es el origen del déficit que muchos planteles alegan que genera la política implementada por Michelle Bachelet en 2016.
Según un estudio de Acción Educar (de agosto pasado) este déficit en todo el sistema se empina a los US$ 780 millones y su costo anual sigue creciendo.
El proyecto establece que el nuevo sistema elimina la facultad legal que hoy tienen las universidades de cobrar un copago en los deciles 7, 8 y 9. Y solo permite hacerlo en el decil 10 (el 10% de los alumnos de mayores ingresos). Según Rodríguez, ello implicaría US$ 1.300 millones de pérdidas anuales al sistema por la prohibición del copago.
‘Si los recursos que hoy recibimos de esos deciles desaparecen, se va a profundizar muchísimo el déficit que tenemos por gratuidad. Será una situación muy crítica, muy dura para muchas universidades’, alerta el rector Sánchez.
La UC tiene un 25% de alumnos en gratuidad y el aporte estatal que recibe por este concepto cubre entre un 70% y 75% del arancel real, por lo que tiene un déficit de entre $8 mil a $10 mil millones al año solo por gratuidad. Si se elimina el copago de los alumnos de los deciles 7, 8 y 9 (un 35% de su matrícula), dejaría de recibir entre $13 mil y $15 mil millones más al año.
‘Nadie cuestiona preocuparse de las deudas de los estudiantes y corregir el sistema, pero no a expensas de la sustentabilidad financiera presente y futura de las instituciones’, enfatiza.
No es el único rector preocupado por el impacto financiero. Federico Valdés (UDD ) señaló ‘es evidente que las universidades como conjunto van a contar con menos recursos, y es obvio que la calidad del sistema va a caer’ (TVN); Francisco Covarrubias (U. Adolfo Ibáñez) sostuvo que ‘genera una dependencia de todas las universidades al Estado, que se va convertir en el controlador de qué tipo de carrera o cuántas vacantes abrir (T 13 radio); Carlos Peña (UDP) dijo se afectará la formación de la clase académica e intelectual que ‘se va a ver seriamente lesionada en sus expectativas’ (El Mercurio).
Rectores más afines al Ejecutivo incluso no esconden reparos financieros: Cristián del Campo (U. Alberto Hurtado) alertó que ‘si ahora no me alcanza, menos me va a alcanzar después’ (Radio Pauta), y Rosa Devés (U. de Chile) advirtió que ‘si los aranceles regulados (fijados por el Estado), cuyo 65% no se ha definido, resultan muy por debajo del costo de una universidad compleja, claro que puede ser detrimental’ (La Tercera).
Lo planteado por la rectora Devés es otro factor incidente. ‘Lo que hace el proyecto es fijar el arancel regulado como el dispositivo del cual va a depender todo. Pero ya hemos visto que tiene una serie de fallas, sabemos que no ha funcionado bien. Van años tratando de avanzar en eso sin éxito’, alerta el investigador UDP José Joaquín Brunner.
Sánchez recuerda que las instituciones llevan años cuestionando los montos de los aranceles regulados, ya que en promedio son un 23% menos que el arancel real que cobran las instituciones: ‘No hay consenso en las carreras ya fijadas y faltan muchas áreas por fijar, pero el proyecto da por sentado que eso está resuelto (…). Este tema han sido años de discusión, pero nos dicen que no hay más recursos. Se han hecho modificaciones, pero son suma cero porque si aumentaban los valores de las carreras de Pedagogía, por ejemplo, bajaban las de Trabajo Social… es un pozo único de recursos’.
El problema, señala Brunner, es que ‘transformas algo que está en plena disputa, que técnicamente no termina ni con mucho de cuajar, en el instrumento único de fijación de aranceles que podría ser cada año o cada dos años, con todas las presiones y riesgos que ello implica’.
Eso, sostiene, es peligroso para el sistema: ‘En la medida que haces más dependientes a las universidades del financiamiento fiscal, quedas sujeto a la voluntad de cada Gobierno que llega cada cuatro años con el poder de financiar el 80% o 90% de tu presupuesto. Eso le hace perder autonomía a las universidades, porque deben conformarse a la voluntad de lo que el gobierno de turno quiera hacer’.
Anticipa que ‘si hay algo que une a las universidades, sean estatales, privadas, del CRUCh, del G9… es la defensa de la autonomía. Los académicos van a ser muy sensibles a esa discusión, y creo que la discusión política tampoco va a ser tan dicotómica’.
Rodríguez, de Acción Educar, va más allá: ‘El proyecto es incompatible con un sistema mixto de educación superior porque es casi 100% controlado por el Estado: el que pone la plata, pone la música’.
Y Sánchez alerta: ‘Basta que los aranceles regulados futuros crezcan menos que el IPC, como ha ocurrido con prestaciones de Fonasa, para complicar aun más a los planteles’.
3 UNIVERSIDADES DEL G9: ‘Esto nos pega más fuerte que a las estatales’
Para Nélson Vásquez, presidente del G9, que agrupa a las 9 universidades públicas no estatales que reciben aporte del Estado (las seis católicas, la Federico Santa María, la de Concepción y la Austral de Chile) la fijación de precios ‘es una estrategia que descompensa financieramente a las universidades’.
Especial perjuicio tendrán las no estatales, dice. ‘Ya hay una discriminación positiva para las universidades estatales que, vía diversos fondos, reciben recurso de los cuales estamos excluidos por nuestra naturaleza jurídica, pese a ser públicas. El Gobierno ha ido aumentado los fondos basales para las universidades del Estado y les ha financiado la renovación de planta académica. ¿Y nosotros?
Hay un trato preferente para ellos. Por lo tanto esto nos pega mucho más fuerte que a las universidades estatales’.
Agrega que las universidades complejas, públicas y privadas, ‘van a ser perjudicadas, porque ya no habrán recursos más que para dictar solo carreras de pregrado’.
Admite que ‘también es preocupación la pérdida de autonomía. Al tener fijación de aranceles y de matrícula de primer año, vamos a quedar sujetos a los vaivenes de ciclos políticos, vamos a perder calidad, que es nuestro sello. Si miramos a 5, 10, 20 años podemos repetir lo del sistema escolar: se niveló para abajo’.
Por eso, anuncia, ‘nuestra gran bandera será cómo cuidamos las instituciones de educación superior que han hecho de la calidad y excelencia su sello. Si eso se debilita, no solo pierde el sistema universitario chileno, pierde el país’.
4 INSTITUTOS PROFESIONALES Y CFT: ‘Los aranceles regulados son un mazazo’
‘Los aranceles regulados son un mazazo para nosotros, desde la gratuidad para adelante, porque disminuyó el financiamiento histórico que teníamos (…) Sumar no tener copago en los deciles 7, 8 y 9 claramente causa un perjuicio’, advierte Sergio Morales, presidente de Vertebral (que reúne a 21 instituciones técnico profesionales que concentran a cerca de 400 mil estudiantes).
El mejor ejemplo ‘de los dramático de la situación’, dice, es lo ocurrido con el Instituto Profesional Arcos (42 años de antigüedad, 4 mil alumnos), cuyo rector anunció que cerrará sus puertas el 2025 porque los nuevos aranceles de gratuidad calculados por el Mineduc para ese plantel (vía arancel regulado) son 43% menos que el actual.
Dice que si bien el sistema técnico profesional en Chile es muy heterogéneo (tanto por tamaño de las instituciones como por el perfil de sus estudiantes), se proyecta que la propuesta del Gobierno implique una reducción de recursos de entre un 20% y 40% por los aranceles regulados y eliminación del copago.
Fuente: La Segunda
