La reciente firma del proyecto de ley que propone aumentar la cobertura de gratuidad, a partir del año 2019, a los estudiantes que provengan del 70% más vulnerable de la población y que asistan a Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, es una positiva señal de que uno de los ejes programáticos anunciados por el actual Gobierno en materia de educación –potenciar el nivel técnico profesional–no ha quedado en una promesa de campaña. En efecto, basta con recordar que, durante los últimos años, sólo alrededor del 15% del financiamiento del Estado para la Educación Superior se ha destinado al sector técnico profesional, en circunstancias que, en 2017, por ejemplo, la matrícula de este nivel representaba el 43,5% de la matrícula total en la Educación Superior del país.
Sin embargo, la eventual compensación por años de postergación–como el primer mandatario ha señalado–, instala la obligación de aprovechar este positivo escenario para asumir, de manera urgente, desafíos que le son propios a este nivel educacional, tradicionalmente olvidado por las políticas públicas.
Desde la perspectiva regional, y en particular para los centros de formación técnica acreditados –los que, por su compromiso con la calidad, son los modelos a seguir–, esta tarea no es menor. El centralismo y una Ley de Educación Superior, pronta a promulgarse, siguen dejando al sector Técnico Profesional en segundo plano, un actor sin voz en el análisis, diseño y ejecución de políticas educativas regionales, así como también en la definición e implementación de las prioridades formativas junto al sector productivo regional; y además excluido de la posibilidad de postular a fondos concursables estatales, aspecto que sigue siendo monopolio del mundo universitario. Sin lugar a dudas, que el llamado es a asumir un rol más preponderante y activo, no sólo en la inclusión y calidad del servicio que ofrecemos a nuestros estudiantes y titulados, sino que, también, en el desarrollo social y económico de nuestro entorno relevante, las regiones.
Por lo tanto, aprovechemos este aire positivo y preparemos, en conjunto con los gobiernos regionales, empresas y Educación Técnica Profesional, agendas de desarrollo regional, que sean base para más y mejores técnicos para un Chile más justo e inclusivo.
Sergio Morales
Rector CFT San Agustín, director de Vertebral.