Por Juan Pablo Guzmán, rector IP-CFT Santo Tomás
Gonzalo Menéndez, rector CFT ECAC
Trinidad Riesco, rectora IP Culinary
Gonzalo Tomarelli, rector IP Iplacex
Chile y el mundo viven momentos excepcionales como consecuencia de la pandemia por el covid-19. Las instituciones de educación superior técnico-profesional hemos hecho un esfuerzo significativo para iniciar este año académico, poniendo a disposición mecanismos de educación a distancia que garanticen la continuidad y el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El proyecto de ley que se ha presentado por parte de dos diputados, que busca la suspensión del pago de aranceles, atenta contra la capacidad de las instituciones de honrar su compromiso de entrega de formación de calidad y va contra la autonomía de nuestras casas de estudio, poniendo en una compleja situación financiera a todo el sistema técnico-profesional, el que, cabe recordar, no recibe aportes basales del Estado.
Nuestras instituciones entienden el impacto de la crisis sanitaria en sus comunidades. Por lo mismo, adoptamos en tiempo récord plataformas de aprendizaje digital, capacitamos a miles de docentes y alumnos, entregamos equipos computacionales a los estudiantes en situación más vulnerable, así como becas de conectividad, todo junto a iniciativas de alivio financiero y flexibilidad académica.
Estas acciones solo han sido posibles haciendo fuertes inversiones con recursos que no estaban contemplados, lo que habla del compromiso y responsabilidad adquiridos con sus comunidades educativas. Y para continuar se requerirá de importantes recursos y esfuerzos; la aplicación de protocolos de salud para el retorno a modalidad presencial y la muy probable extensión del calendario académico.
Desde Vertebral estimamos que cesar el pago de aranceles afectaría severamente el funcionamiento de las instituciones técnico-profesionales, ya que prácticamente la totalidad de los ingresos operacionales del sistema proviene justamente del pago arancelario. Una abrupta alteración de los presupuestos, ya comprometidos debido a los esfuerzos ya descritos, al irregular proceso de admisión y la histórica baja de nuevos alumnos matriculados, puede traer complejidades en la gestión económica de los planteles.
Fuente: diario El Mercurio