Avanza fiscalización a clases online: la Superintendencia de Ed. Superior revisa medidas informadas por 45 planteles
El director ejecutivo de Vertebral, Leopoldo Ramírez, advierte que ‘nos vamos a encontrar en algún momento con el problema de que no podemos estar renovando mensualmente, en forma indefinida, los planes de datos. Ahí vamos a necesitar apoyo del Estado’.
12 de junio de 2020
En mayo, la Superintendencia de Educación Superior inició una fiscalización para verificar si los planteles estaban dando a los jóvenes un servicio equivalente al que habrían recibido presencialmente, y saber qué medidas estaban tomando ante la pandemia, que mantiene a las instituciones con clases remotas.
Se solicitó información a 45 casas de estudios (ver dato), elegidas por sus reportes al inicio de la pandemia, cuando se les pidió informar sus planes de contingencia, y por los reclamos recibidos. Las escogidas sumaban 82,8% de las quejas.
El superintendente Jorge Avilés afirma que están analizando las respuestas de los planteles. ‘Se requieren respuestas que combinen soluciones eficaces con la urgencia correspondiente. Por lo mismo, estamos trabajando aceleradamente para ayudar a corregir eventuales problemas’, acota la autoridad.
Si una institución tiene un cumplimiento bajo el 50%, se le abre un proceso administrativo. Cambiar de forma arbitraria las condiciones del servicio es una infracción grave, por lo que si se confirma, el plantel arriesgaría una multa cercana a los $50 millones (1.000 UTM).
Meses de ajustes
‘El Mercurio’ contactó a varias casas de estudios requeridas, las que señalaron que se han adaptado y detallaron algunos ajustes. En la U. Mayor, por ejemplo, el vicerrector de Desarrollo y Gestión, Mario Herane, dice que han optado por ‘instancias de aula invertida, donde los estudiantes pueden revisar el material antes y llegar a una clase más de discusión y análisis’. En la U. de Santiago, el vicerrector académico, Juan Carlos Retamal, dice que diseñaron ‘un protocolo para la implementación de la docencia virtual’. Allí zanjaron, entre otros puntos, que las clases durarían hasta una hora.
Claudio Ruff, rector de la U. Bernardo O’Higgins y presidente de la Corporación de Universidades Privadas, afirma que ‘hubo que moderar’ la carga, pues ‘las plataformas tienen muchos recursos (…) y eso produce un colapso’.
En la misma línea, su par de la U. Central, Santiago González, señala que ‘hemos tenido que moderar la velocidad y cantidad de material’. Tras tener una semana de reflexión, dice que detectaron que ‘muchos estudiantes están presionados (…). No es lo mismo estar en la sala de clases que en su casa con hermanos, papás, donde hay un movimiento distinto y la concentración se complica’.
Y si bien lo pedagógico se ha ido adaptando, los planteles coinciden en que los problemas tecnológicos y financieros de algunas familias son las situaciones más complejas a enfrentar. El director de docencia de la U. SEK, Alejandro Pérez, explica que ‘las principales debilidades entre los estudiantes han derivado de su frágil situación económica y algunos problemas de conectividad’. Un 11% de sus inscritos solicitó acceder a una beca de apoyo en este último ámbito.
En la U. Andrés Bello, el vicerrector académico, Nicolás Bronfman, sostiene que han entregado más de tres mil dispositivos de banda ancha y 247 notebooks. La tecnología ha sido clave, señala, para que los jóvenes puedan acceder a programas de simulación que tiene la universidad para que, en carreras complejas de llevar a la web, como las de salud, se pueda tener una mejor experiencia.
El rector de la U. Pedro de Valdivia, Rafael Rosell, cifra en $3.200 millones el gasto en beneficios para los alumnos. Esto se logró con una rebaja de sueldos voluntaria de parte de los funcionarios, ‘porque si no, las cifras no calzaban’. Entregaron 400 computadores, que en algunos casos repartieron a domicilio.
Los IP y CFT fiscalizados, de los cuales varios pertenecen a la agrupación Vertebral, también tomaron este tipo de medidas. Eso sí, el director ejecutivo del organismo, Leopoldo Ramírez, advierte que ‘nos vamos a encontrar en algún momento con el problema de que no podemos estar renovando mensualmente, en forma indefinida, los planes de datos. Ahí vamos a necesitar apoyo del Estado’.
Fuente: Diario El Mercurio
