Por Leopoldo Ramírez A.
Director Ejecutivo de Vertebral
Por virtud de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, la nueva arquitectura institucional de gobernanza del sistema de educación superior del país ha propiciado el incremento sustantivo de nuevas exigencias, entregando además a las instituciones técnico-profesionales nuevos roles misionales que ameritan ser considerados al menos por Fondos de Desarrollo Institucional para continuar contribuyendo al desarrollo del país, que es algo donde la Educación Superior Técnico Profesional tiene una destacada y abalada trayectoria.
Entendemos que el país oscila por un momento económico, político y social complejo, pero parece a todas luces pertinente que la institucionalidad competente perfeccione su sistema de financiamiento para Instituciones de Educación Superior a fin de proveer de recursos frescos -especialmente para institutos profesionales y centros de formación técnica- a aquellos planteles que buscan genuinamente avanzar en complejizar su naturaleza académica a través de una acreditación avanzada en áreas como innovación y vinculación con el medio, exigidas en la normativa vigente.
Es preciso recordar que la Educación Superior Técnico Profesional no recibe aportes basales de parte del Estado y es el tipo de formación por la que optaron más de medio millones de estudiantes. Asimismo, un 54% de los ingresos totales de institutos profesionales y centros de formación técnica no adscritos a la gratuidad viene directamente del bolsillo de los alumnos y sus familias, mientras que para instituciones técnico-profesionales adscritas al beneficio estatal, la cifra alcanza un 27%.
Sin embargo, confiamos que en el fragor del debate parlamentario los legisladores subsanen esta incomprensible discriminación hacia el subsector de Educación Técnico Profesional, clave para el desarrollo sostenible del país.
Fuente: El Mostrador