Carta de Mesa Directiva de Vertebral: «Aporte de privados y no estatales»
Por Juan Pablo Guzmán A.; Jorge Menéndez G.; Gonzalo Tomarelli R.; Trinidad Riesco E., Mesa Directiva de Vertebral.
En columna publicada por su medio el miércoles, el rector Ennio Vivaldi realiza una defensa a ultranza de la educación pública, la que, a su juicio, ‘debiera tener un lugar central en la nueva Constitución’ debido a que ‘su propósito mayor es colectivo’ por servir al ‘bien común’.
Nadie podría objetar dicho planteamiento. Sin embargo, la futura Carta Magna, entendida como ‘la casa de todos’, debiera también manifestar explícita e implícitamente el invaluable aporte que por años han realizado al país las instituciones de educación superior no estatales y privadas, entre ellas los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Ha sido precisamente el sistema de provisión mixta el que ha hecho tremendamente exitoso al sistema terciario chileno, admirado en otras latitudes del mundo por la apertura que representa especialmente para los sectores menos favorecidos de la sociedad al poder ingresar a una educación superior de calidad, permitiendo cambiar las perspectivas de vida de familias completas. En ello, el aporte de las universidades estatales es tan valioso como el de instituciones de educación superior privadas y no estatales. Es más, con un foco distinto a la norma general del sistema universitario público, en el caso particular de la formación técnico-profesional acreditada, su propuesta formativa no selectiva y el casi nulo aporte basal estatal que la sustenta la convierten en un eficiente aporte al bien común en el crucial ámbito de la igualdad de oportunidades, en un marco de libertad.
Por otra parte, el rector Vivaldi menciona que ‘… el Estado no tiene la responsabilidad ni el deber de financiar proyectos educativos privados…’. Frente a esto, consideramos necesario enfatizar que el financiamiento está (o debe estar) al servicio de los estudiantes, no de las instituciones.
Confiamos que en el fragor del debate constitucional quede de manifiesto el rol y la importancia que supone para el desarrollo del país el contar con un sistema de educación superior robusto, inclusivo, ágil, innovador y diverso, que no discrimine disciplinas ni proyectos educativos y que apunte, con una mirada integral, al futuro.
