Avanza proyecto para flexibilizar cobros de aranceles: Mineduc alerta sobre inadmisibilidad
Incluye artículo para abrir nuevas postulaciones a beneficios. La Dipres confirma que esto aumentaría el gasto fiscal.
10 de junio de 2020
‘En vez de dar una solución, genera un problema’. Así resumió el ministro de Educación, Raúl Figueroa, lo que pasa con la moción parlamentaria que impulsa que los planteles de enseñanza superior flexibilicen sus cobros en la pandemia.
Ante la Sala de la Cámara Baja, el secretario de Estado expuso que, pese a las intenciones que pudieron tener los legisladores, el proyecto podía generar duros efectos económicos en las instituciones. En el actual escenario, añadió, el Ejecutivo ha hecho una propuesta distinta (ver recuadro).
Además, Figueroa advirtió que, como habían hecho ver diputados oficialistas, un artículo iba muy lejos al comprometer un nuevo proceso de postulación a beneficios estudiantiles: ‘(Es) una materia que es propia de las atribuciones del Presidente y, por lo tanto, debiese ser considerado inadmisible’.
Con dicho contexto, la Sala aprobó la moción en general con 103 votos a favor y 45 abstenciones.
Artículo controvertido
La iniciativa fue vista nuevamente en la comisión de Educación de la Cámara Baja. Se aprobó, entre otros cambios, actualizar el nombre del proyecto para que reflejara su nuevo foco —flexibilizar, no suspender cobros—, pero se rechazó la propuesta del diputado Jaime Bellolio (UDI) de eliminar el artículo sobre la postulación a beneficios.
‘Lamento que hayan querido insistir en el artículo (…). Es hacer una falsa promesa a la ciudadanía’, señala Bellolio. Aunque comparte que se necesitan más beneficios, pide a sus pares ‘que dejen de jugar con las expectativas de las personas haciendo proyectos inconstitucionales’.
El diputado Juan Santana (PS), uno de los autores de la moción, insiste en que esto no implicaría mayor gasto, pues, según él, podrían quedar recursos sin ejecutar en la gratuidad. ‘El Gobierno intenta desviar la atención en este debate’, acusa.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, proyectó que sobre 400 mil jóvenes podrían ser favorecidos, por lo que los márgenes serían ‘bastante estrechos’.
‘Consideramos que es fundamental que los estudiantes que han visto menoscabados sus ingresos puedan optar a la gratuidad y otros beneficios del Estado, y ahora el proyecto lo verá Hacienda. Le pedimos, una vez más, al Gobierno que no siga dejando de lado a los estudiantes’, afirmó la presidenta de la comisión, Camila Rojas (Comunes).
La pregunta de si este artículo implica o no más recursos ya se la hizo la Dirección de Presupuestos, que envió a la mesa de la Cámara un informe sobre el tema, que ayer llegó a manos de los diputados. El gasto fiscal adicional, según la Dipres, podría ir desde $75.499 millones a $100.706 millones, para beneficiar a entre 77 mil y 102 mil estudiantes.
Los planteles están atentos a la iniciativa, como ya han alertado universidades privadas, estatales y sobre todo, de regiones. En el mundo técnico, también hay inquietud.
‘La única forma de garantizar la continuidad operacional de las casas de estudios es dotándolas de liquidez financiera, asegurando el flujo de cajas, y por supuesto que tenemos muchas preocupaciones ahí’, señala Leopoldo Ramírez, director ejecutivo de Vertebral, organismo que reúne a los IP y CFT acreditados.
Fuente: Diario El Mercurio
