En el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuestos 2027, el presidente del Consejo de Rectores Vertebral, Juan Pablo Guzmán, participó en la sesión parlamentaria destinada a analizar la partida del Ministerio de Educación y planteó la necesidad de corregir asimetrías que afectan a los institutos profesionales y centros de formación técnica, junto con asegurar la ejecución oportuna de los recursos destinados a estudiantes e instituciones.

El Consejo de Rectores Vertebral expuso ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional una serie de antecedentes y propuestas orientadas a fortalecer el financiamiento de la Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP), en el marco del análisis de la Partida 09 del Ministerio de Educación correspondiente al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2027.

La instancia, realizada este 7 de octubre, reunió a autoridades del Ministerio de Educación y representantes de los distintos subsistemas de educación superior. En representación de Vertebral participaron el presidente y rector nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, y el director ejecutivo, Juan Claudio Escobar, junto a representantes del CRUCH, CUECH, G9, Corporación de Universidades Privadas y Consejo de Rectores de los CFT Estatales, entre otros actores.

Durante su intervención, Guzmán puso el foco en las brechas que persisten en el financiamiento de los estudiantes y de las instituciones técnico-profesionales, señalando que se trata de diferencias que se han mantenido históricamente tanto en materia de apoyo estudiantil como de desarrollo institucional.

Uno de los ejemplos planteados fue la Beca Nuevo Milenio, cuyo monto fijo no ha sido reajustado en más de una década y no alcanza a cubrir el arancel de referencia, a diferencia de la Beca Bicentenario destinada al sector universitario.

El rector Guzmán recordó que esta situación ha sido planteada reiteradamente por el gremio: “Hay un trato distinto hacia las instituciones TP por parte del Estado que hemos planteado sistemáticamente como asociación y que, lamentablemente, no hemos podido ser mejorado por ninguna autoridad”.

El presidente de Vertebral también llamó la atención sobre la distribución de los aportes institucionales. De acuerdo con los antecedentes presentados, al descontar los beneficios estudiantiles y la gratuidad, el 96% del presupuesto de aportes institucionales se destina actualmente a las universidades y solo el 4% al mundo técnico-profesional. De ese último porcentaje, además, un 64% se focaliza en los CFT estatales.

“Tenemos un trato que es significativamente dispar entre el mundo universitario y el mundo técnico-profesional, en un contexto en que enfrentamos desafíos distintos, pero igualmente relevantes”, afirmó.

Gratuidad y peso del sector TP

Otro de los ámbitos abordados por Vertebral fue la distribución de los recursos de gratuidad. El rector Guzmán señaló que “si bien el mundo técnico-profesional forma el 43% de los estudiantes que reciben el beneficio, sólo el 30% de los fondos totales de la partida se dirige hacia sus instituciones”. A juicio del rector, esta diferencia permite dimensionar con claridad las brechas que enfrenta el subsistema.

En este contexto, abordó también los efectos de la reciente regulación de aranceles, que, según los antecedentes expuestos por el gremio, significó una transferencia cercana a 40 mil millones desde el sector técnico-profesional hacia el universitario.

Pese a estos antecedentes, Guzmán precisó que la preocupación del sector no radica únicamente en una reducción generalizada de recursos. “Cuando uno ve las cifras generales para el mundo representado por Vertebral, este presupuesto no es especialmente restrictivo. Lo que lamentamos es que no acota brechas significativas que tienden a mantenerse”, señaló.

Preocupación por innovación y fortalecimiento TP

Asimismo, el Consejo de Rectores Vertebral expresó especial preocupación por algunas señales específicas para el subsistema, entre ellas el cierre del programa IP-CFT 2030, iniciativa desarrollada en articulación con Corfo y orientada al fortalecimiento de capacidades de innovación en los institutos profesionales y centros de formación técnica.

La partida destinada al programa pasó de $1.000 millones a $0, poniendo término a una iniciativa que, según Vertebral, adquiría especial relevancia considerando que la innovación forma actualmente parte de las dimensiones misionales de las instituciones de educación superior.

“Se cerró definitivamente esta iniciativa”, advirtió Guzmán, quien agregó que el desarrollo de capacidades en el sector se encuentra “muy, muy comprometido”.

Asimismo, planteó preocupación por la evolución de los recursos destinados al fortalecimiento de la agenda técnico-profesional y a instrumentos como el Marco de Cualificaciones, el Consejo Asesor y la Estrategia de Formación Técnico-Profesional. “Hay tanto por hacer en políticas públicas para el mundo técnico-profesional, para favorecer la vinculación con el mundo productivo, y no se aprecia un avance”, afirmó.

Ejecución oportuna de los recursos

Junto con abordar la distribución presupuestaria, el Consejo de Rectores de IP y CFT acreditados puso énfasis en cómo y cuándo se ejecutan los recursos ya aprobados, especialmente considerando las dificultades experimentadas durante el ejercicio anterior.

En ese sentido, el rector del IP-CFT Santo Tomás planteó que uno de los principales resguardos para 2027 debe ser contar con un calendario claro y estricto para el traspaso de los fondos asociados a Gratuidad y otros beneficios.

“Es de suma importancia que el calendario de transferencias quede sumamente bien establecido y se implemente rigurosamente”, sostuvo.

El presidente de Vertebral recordó que durante el año anterior las instituciones adscritas a Gratuidad enfrentaron dificultades debido a retrasos en las transferencias. “No fueron pagados todos los aportes que correspondían al ejercicio del año y eso no es bueno para el sector, no es bueno para su desarrollo y es un precedente que nos preocupa muchísimo”, señaló.

El gremio también llamó a resguardar la adecuada implementación de los procesos de caracterización socioeconómica de los estudiantes. Vertebral valoró una mayor rigurosidad en la entrega de beneficios, pero advirtió que los retrasos o la incertidumbre pueden generar consecuencias directas sobre la continuidad de estudios.

“Esa incertidumbre que genera un proceso de certificación más regulado, más complejo, genera un daño colateral en muchos estudiantes que merecen el beneficio y que finalmente no saben si lo tienen o no y desisten”, explicó, agregando que las instituciones TP ya observan este fenómeno como un factor que puede incrementar la deserción.

Finalmente, se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de la Subsecretaría de Educación Superior para coordinar y convocar al subsistema, junto con reconsiderar la eliminación de instrumentos de innovación y actualizar beneficios históricos como la Beca Nuevo Milenio.

“Es clave en estos tiempos en que se le pide aportar a la productividad al mundo técnico-profesional que estos frentes tan relevantes cuenten con apoyo”, concluyó Guzmán.